EL NIÑO Y EL LINCE
Jorge Peñacoba. Teólogo y Dr. en Derecho Canónico
El cartel es impactante publicísticamente, y busca tal vez un toque polémico, al relacionar la defensa de la vida humana con algo que ha calado tan profundamente nuestra conciencia social como es la defensa del entorno. Será discutible, pero seguramente es lo que pretendía la agencia que diseñó la campaña. El lema ‘Defiende mi vida’ marca en cambio lo original: no ya la especie, sino cada persona –cada vida humana- es distinta, única e irrepetible, digna de ser vivida por él; nadie debería decidir por él si merece o no vivir, nadie debería sentirse autorizado a ‘interrumpirle’: nadie es dueño de la vida de otro; ‘todos tienen derecho a la vida’, asegura la Constitución. Es cierto que aquí se está presuponiendo el carácter humano de la vida humana en sus fases tempranas, pero ¿cabe realmente otro presupuesto? Por ejemplo, se va a proponer como máximo el plazo de las 22 semanas porque, según ha dicho el ministerio, es el momento convencional en que comienza a ser viable fuera del útero, pero ¿qué diferencia sustancial habría con la semana 18, por ejemplo? ¿Quién debería establecerlo y por qué?
No es la primera vez que la Iglesia usa la publicidad. Pero sí, creo recordar, en una propuesta moral de dimensión política. Hace bien. Política y moral están unidas en muchos más puntos de lo que parece ¿O es concebible una política sin moral, basada siempre y sólo en el pragmatismo o los intereses, y no en el reconocimiento de los derechos, del bien, de lo honesto? ‘Nuestros legisladores tienen que basar su decisión en argumentos que van más allá de la política’, escribía hace poco J.A. Marina a propósito del caso. La Iglesia busca y propone un nuevo consenso social de respeto a la vida humana en las fases previas al alumbramiento, en sus fases embrionaria y fetal. La ley debería proteger la vida desvalida y no dejarla a merced del más fuerte; así de sencillo.
El cambio a un sistema de ‘ley de plazos’ que ahora se propone es más radical de lo que parece, no es una simple reforma de la ley anterior. Y no me refiero al asunto de los 16 años, que tal vez sea un mero señuelo para el debate, y oculta el verdadero cambio. La ley actual, con todos sus defectos, es una ley que reconociendo el derecho a la vida, acepta unas excepciones a su protección penal. Es una ley tolerante hacia situaciones durísimas y dramáticas de por sí, sobre todo para la mujer.. La ley que viene –si no lo remediamos entre todos- no sólo deja en un limbo jurídico la vida humana hasta fases avanzadas, sin ninguna protección, sino que convierte la agresión contra ella en un derecho de la mujer, sin más explicaciones. Como decía una famosa actriz, lo que me gusta es que no tengo que dar ninguna explicación cuando lo haga. No nos gusta la responsabilidad.
Al considerarlo un derecho, aparte de otorgarle reconocimiento social (por cierto, retrógrado), despoja de cualquier interés ético el ejercicio responsable de la paternidad (más allá de evitar una intervención quirúrgica), obliga a la sanidad pública a detraer notables cantidades de fondos –con la que está cayendo- para un ‘servicio’ que difícilmente puede considerarse como curación de una enfermedad; fuerza por ley a la sociedad en su conjunto (a todos nosotros) a reconocer como normal una actividad occisiva, considerada hasta ayer mismo como delictiva; dificulta la objeción de conciencia al personal médico, porque esta es difícilmente aplicable cuando se trata de auténticos derechos (como se pretende establecer), alejará de los departamentos médicos correspondientes de la sanidad pública a todo personal mínimamente sensible al problema y tragedia del aborto, del que nunca puede decirse que sea un mal menor, al menos para el que no llega a nacer. El aborto nunca debería ser reconocido como derecho. No hace falta ser obispo para darse cuenta. Basta con ser suficientemente humano.
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